Senado aprueba reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa a delitos como extorsión y producción de fentanilo

México.- Con 94 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La medida incluye la extorsión y diversas actividades relacionadas con el fentanilo y sus derivados, entre otros.

La aprobación contó con el respaldo de senadores de Morena, PT, PVEM y algunos legisladores del PAN, mientras que el PRI, MC y una parte del PAN votaron en contra. Ahora, el decreto será enviado a las legislaturas locales para su ratificación, donde requiere la aprobación de al menos 17 de las 32 entidades federativas para entrar en vigor.

La enmienda abarca actividades relacionadas con la producción, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas y precursores químicos, además de delitos graves como contrabando, actividades fraudulentas con comprobantes fiscales y delitos que afecten la salud y el libre desarrollo de la personalidad.

En palabras de Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la inclusión de la extorsión en el catálogo es una respuesta a una práctica que “genera terror, destruye economías locales y perpetúa la pobreza”. Destacó que esta medida busca justicia para las víctimas que enfrentan estas amenazas diariamente.

El PRI, encabezado por la senadora Claudia Anaya, votó en contra argumentando que la prisión preventiva oficiosa vulnera la presunción de inocencia y contradice recomendaciones internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Anaya, “esta medida debe ser utilizada de manera excepcional y no como la norma”.

Por otro lado, los legisladores que apoyaron la reforma justificaron su voto señalando que responde a la necesidad de enfrentar delitos que alimentan al crimen organizado y afectan a la sociedad en su conjunto.

El Congreso de la Unión cuenta con 180 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para ajustar el marco legal secundario en estas materias. Las legislaturas estatales dispondrán de un año para realizar las modificaciones necesarias en sus ordenamientos normativos.

El decreto también establece que se derogarán todas las disposiciones secundarias que contradigan las nuevas disposiciones, dejando en claro que no se permitirá una interpretación extensiva de las normas incluidas en la reforma.

Esta enmienda representa un nuevo capítulo en el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en México, un tema que ha generado críticas a nivel nacional e internacional por sus implicaciones en los derechos humanos.